Oaxaca. Nochixtlan Oaxaca para ser exacto. Pero también Juchitán y Salina Cruz. Para el conocedor de la historia reciente del estado y para el observador atento de sus fenómenos sociales resulta evidente que el magisterio disidente se ha convertido desde hace décadas en un eje articulador de la vida del estado. No quiero pasar por alto la función de cooptación y control de la cúpula del sindicato, pero sobre todo de la secretaria estatal de Educación y los gobernadores que desde hace décadas han preferido cualquier alternativa a la de dejar que el sindicato desarrolle sus actividades conforme a la ley y de paso fomentar alternativas productivas e integradoras de la economía regional que respeten la particular complejidad social, política, cultural y lingüística del estado. Más allá de la coyuntura, la importancia del magisterio en la vida oaxaqueña reside en que ha sido el espacio donde la política social y cultural del estado cobran sentido. No en las instancias de gobierno, no en los partidos. O por lo menos, no como en otros estados. Incluso el peso del magisterio como elemento cohesionador en medio de la multiplicidad étnica de la entidad resulta insustituible. Es esta función de cohesionador de la vida del estado la que es tocada por una reforma de corte laboral, que no contempla medidas para respetar la singularidad de cada entidad. Ademas, en lugar de una verdadera consulta se busca imponerla a través del despliegue masivo de la fuerza sin tomar en cuenta de que, en medio del abandono sistemático en que el estado mexicano ha tenido a las comunidades pobres del país, el magisterio tiene más crédito frente a su población que el lejano poder central.
Por supuesto que una multitud de actores económicos son lastimados por el proceso de resistencia e incipiente insurgencia (quizá ya deberíamos hablar de ciclos en este caso) que las ofensivas oficiales desatan en Oaxaca. Pero nuevamente nos debemos preguntar sobre la legitimidad de los intereses de estos actores y, por otro lado, por la completa ausencia de una visión de estado que a nivel local organice los distintos intereses en pugna y a nivel federal recupere su sentido federalista (valga la redundancia) y permita al estado organizarse respetando sus singularidades.
Un paso en ese sentido, por ejemplo, fueron los comicios aplicando el principio de usos y costumbres para municipios indígenas, pero en lugar de salidas imaginativas que busquen generar un nuevo orden cívico y económico, tenemos a la federación convertida en el sostén de cacicazgos que su único rasgo de modernización es ser cada vez más proclives a maniobrar a favor de trasnacionales.
En la medida en que no se recupere la noción de gobierno como elemento cohesionador del territorio y la necesidad de respetar las particularidades de cada entidad y de su gente, lo probable es que viviremos en una constante oscilación entre la resistencia de las sociedades que se organizan y el sufrimiento en silencio de las que no ( Tamaulipas, por ejemplo) pero sin conformar verdaderamente un espacio habitable en este país.
En fin, la palabra la tiene la ciudadanía de México y de Oaxaca, no sus tecnocracias. Para ellas sólo hay un camino, el de siempre.
